Colegio notarial de cataluña oposiciones

Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961

Los notarios forman parte de un cuerpo único estatal adscrito al Ministerio de Justicia y sometido al control e inspección del Colegio Notarial y de la Dirección General de los Registros y del Notariado.

El número de notarios en Cataluña se regula en el marco de la demarcación notarial establecida conjuntamente por el Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña y el Ministerio de Justicia del Estado. Cada cinco años, si se considera necesario, y siempre cada diez, se revisa la demarcación para ajustarla a las necesidades reales de los núcleos de población y al volumen de actividad generado, con el fin de prestar el mejor servicio a los ciudadanos.

Existen 34 demarcaciones notariales: 17 en la provincia de Barcelona, 6 en la de Girona, 6 en la de Lleida y 5 en la de Tarragona. Cada uno de ellos cuenta con un Representante y un Diputado Delegado, que apoyan a la Junta de Gobierno en el ejercicio de sus funciones en la zona.

Este prestigio local se ha puesto de manifiesto de manera especial en Cataluña, donde la sociedad en general tiene un gran dinamismo y vitalidad y donde los Notarios han contribuido decisivamente a la preservación y desarrollo autónomo del Derecho privado. Desde los siglos XIII y XIV en que se introdujo el Derecho Romano a través de la práctica notarial y se creó el Derecho Marítimo más rico del Mediterráneo, y hasta el siglo XX, la participación de los Notarios en la elaboración de la Recopilación de Derecho Catalán de 1960 y el proceso de renovación del Derecho Civil iniciado en 1984, que culminó con la redacción del Código Civil de Cataluña, ha sido realmente significativa, pasando por épocas en que el país carecía de instituciones legislativas propias y los Notarios han tenido que adaptarse a la realidad modificando las leyes antiguas de vez en cuando.

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En relación con el ejercicio de la fe pública notarial, como función y servicio público, así como en el estatuto de los notarios, se han producido en los últimos años una serie de modificaciones que han venido muy bien para una reforma del actual Reglamento Notarial, aprobado por Decreto de 2 de junio de 1944, por el que se adopta definitivamente el Reglamento de Organización y Régimen Notarial.

En cuanto al estatuto del Notario, hay que distinguir dos grandes apartados: su carácter, los requisitos para el ejercicio de la función y la función funcionarial, por un lado, y el régimen disciplinario, por otro.

El Notario gozará de plena autonomía e independencia en su función, y en su organización jerárquica depende directamente del Ministerio de Justicia y de la Dirección General de los Registros y del Notariado. Sin perjuicio de esta dependencia, el régimen del Notariado se considerará descentralizado sobre la base de Colegios Notariales, regidos por Juntas Directivas con competencia sobre los notarios de su respectivo territorio. En ningún caso el notario, en el ejercicio de su función pública, o como profesional del Derecho, estará sujeto a dependencia jerárquica o económica de otro notario. El ámbito territorial de los Colegios Notariales se corresponderá con el de las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo establecido en el anexo V del presente Reglamento. Las provincias integradas en cada Colegio Notarial se dividirán en Demarcaciones, cuya extensión y límites determinará la Demarcación Notarial. "

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Corresponde a la Generalitat de Cataluña la plena competencia para la regulación y administración de la enseñanza en todo su territorio, en todos sus niveles y grados y en todas sus modalidades y especialidades, dentro de sus competencias, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y en las Leyes del Parlamento desarrolladas de acuerdo con el apartado 1 del artículo 81 de este documento, con las competencias atribuidas al Gobierno español en el punto 30 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución y con la inspección superior necesaria para asegurar su cumplimiento.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al que se incorporará la actual Audiencia Provincial de Barcelona, es el órgano jurisdiccional que encabeza la organización judicial en su ámbito territorial y ante el que se agotarán los sucesivos derechos de recurso, en los términos del artículo 152 de la Constitución y de acuerdo con el presente Estatuto.

A instancia de la Generalitat de Cataluña, el órgano competente convocará procesos selectivos y oposiciones para cubrir plazas vacantes en Cataluña de Magistrados, Jueces, Secretarios Judiciales y demás personal al servicio de la Administración de Justicia, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.