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Elián González Brotons (nacido el 6 de diciembre de 1993) es un ingeniero industrial y político cubano que, cuando era niño, se vio envuelto en una controversia internacional sobre custodia e inmigración en el año 2000 que involucró a los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, a su padre Juan Miguel González Quintana, a sus otros familiares en Cuba y en Miami, y a la comunidad cubana de Miami. En 2023, fue nominado para un escaño en la Asamblea Nacional del Poder Popular.
La madre de González, Elizabeth Brotons Rodríguez, se ahogó en noviembre de 1999 cuando intentaba salir de Cuba con González y su novio para llegar a Estados Unidos[2][3] Elián González tenía cinco años cuando lo encontraron metido en una cámara de aire flotando en el mar a tres millas (5 km) de la costa de Fort Lauderdale, en Florida. Dos pescadores encontraron a Elián y lo entregaron a regañadientes a la Guardia Costera estadounidense, ya que temían que fuera devuelto a Cuba en virtud de la política de pies secos, pies mojados, puesto que aún no había llegado a tierra[4]. La Guardia Costera les aseguró que Elián sería llevado “a tierra por razones médicas”, considerándolo apto para quedarse[4]: 152 Elián fue llevado inmediatamente a un hospital y tratado por deshidratación y cortes leves en el cuerpo. Más tarde se descubrió que la madre de Elián, Elisabeth Brotons Rodríguez, y Lázaro Munero García, su concubino, habían escapado de Cárdenas, Cuba, como parte de un grupo de 14 refugiados en una embarcación de 5,2 m.[4] Sin embargo, los demás murieron en una tormenta, mientras que una joven pareja escapó a la orilla y Elián fue encontrado.
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El gobierno cubano sigue reprimiendo y castigando prácticamente todas las formas de disidencia y crítica pública. Al mismo tiempo, los cubanos siguen soportando una grave crisis económica, que afecta a sus derechos sociales y económicos.
Los agentes de seguridad rara vez presentan órdenes de detención para justificar la detención de críticos. En algunos casos, los detenidos son puestos en libertad tras recibir advertencias oficiales, que los fiscales pueden utilizar en juicios penales posteriores para demostrar un patrón de lo que denominan conducta “delictiva”.
Más de 1.000 personas, en su mayoría manifestantes pacíficos o transeúntes, fueron detenidas durante las protestas de julio, según informaron grupos de derechos cubanos. Los agentes impidieron a la gente protestar o informar sobre las protestas, deteniendo a críticos y periodistas cuando se dirigían a las manifestaciones o limitando su capacidad para salir de sus casas. A muchos los mantuvieron incomunicados durante días o semanas, los detuvieron violentamente o los golpearon, y los sometieron a malos tratos durante su detención.
Gabriela Zequeira Hernández, estudiante de 17 años, fue detenida en San Miguel de Padrón, provincia de La Habana, cuando pasaba por delante de una manifestación el 11 de julio. Durante la detención, dos agentes la hicieron desnudarse y ponerse en cuclillas desnuda cinco veces. Una de ellas le dijo que se inspeccionara la vagina con el dedo. Días después, un agente la amenazó con llevarla a ella y a dos hombres a la zona conocida como “pabellón”, donde los detenidos tienen visitas conyugales. Los agentes la despertaron repetidamente por la noche para interrogarla, preguntándole por qué había protestado y quién la “financiaba”. Días después, fue declarada culpable y condenada a ocho meses de prisión por “desórdenes públicos”, aunque se le permitió cumplir la condena en arresto domiciliario. Sólo se le permitió ver a su abogado privado unos minutos antes de la vista.
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Procesos de solicitud para obtener información sobre antecedentes penales en el extranjero con el fin de facilitarla a los empleadores en el Reino Unido o para cumplir los requisitos de las normas de inmigración del Reino Unido para proporcionar un certificado de antecedentes penales en el extranjero en apoyo de una solicitud de visado.
Una vez recibida la solicitud, los datos del solicitante se envían al Ministerio de Asuntos Exteriores. El Ministerio transmite los datos a las autoridades competentes para que realicen las comprobaciones. Cuando el Ministerio recibe los resultados de las comprobaciones, los transmite a la representación en Londres y el solicitante recibe una carta en la que se confirman los resultados de las comprobaciones.
Presentando el pasaporte, los documentos de residencia y el DNI, se puede obtener un certificado de antecedentes penales. Tiene un coste aproximado de 5 euros y se entrega en 24 horas o el siguiente día laborable (si se hace la solicitud en viernes o antes de un festivo nacional). Se entregará en catalán, la lengua oficial de Andorra.
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