Modelo de poder notarial en bolivia
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Con los objetivos de una sociedad justa y armónica sin discriminación ni explotación, garantizando el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales a través del desarrollo sostenible, el Artículo 11 de la Constitución Política del Estado establece que Bolivia adopta una forma democrática de gobierno, con equivalencia de condiciones entre varones y mujeres. Esa democracia se ejercerá ya sea a través de la forma directa y participativa (mediante el referéndum, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el concejo municipal y la consulta previa); la forma representativa (que implica la elección de representantes a través del voto universal, directo y secreto); o a través de la forma comunitaria (que implica la elección de representantes indígenas según sus propios procedimientos).
El Poder Público Estatal está compuesto (Artículo 12 de la Constitución) por los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. Siendo la ciudad de "Sucre" la sede del poder judicial, mientras que la ciudad de "La Paz" sigue siendo de facto la sede de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Electoral.
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La interferencia política en el sistema judicial es un problema de larga data en Bolivia. El ex presidente Evo Morales rechazó repetidamente la independencia judicial. Durante sus casi 14 años en el cargo, los fiscales presentaron cargos contra varios de sus rivales políticos en casos que parecían tener motivaciones políticas.
En noviembre de 2019, Morales se vio obligado a dimitir y huyó del país en medio de protestas en todo el país motivadas por acusaciones de fraude electoral -ahora impugnadas- y después de que los mandos de las fuerzas armadas y la policía le pidieran que dimitiera. Desde entonces, ex miembros del gobierno de Morales y el propio Morales se han convertido en víctimas de la misma interferencia política en el sistema de justicia que ejercieron cuando estaban en el poder.
Human Rights Watch viajó a Bolivia en febrero de 2020 para examinar esos casos, realizando más de 80 entrevistas, y realizó un seguimiento con entrevistas a distancia. En total, entrevistamos a 90 personas en ocho ciudades, incluidos el ministro del Interior, Murillo, y otros funcionarios del Gobierno, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, fiscales, abogados defensores, representantes de la sociedad civil, participantes en bloqueos de carreteras y manifestaciones -algunas en apoyo y otras en contra de Morales- en octubre y noviembre de 2019, testigos de la violencia y familiares de manifestantes asesinados. También revisamos miles de páginas de informes policiales, decisiones judiciales y otros registros judiciales.
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Nacional:El plazo de oposición es de 30 días hábiles a partir de la publicación (es decir, aprox. 6 semanas). También pueden presentar oposición los titulares de marcas en otros Estados miembros de la Comunidad Andina, si solicitan simultáneamente el registro de la marca protegida en Bolivia.
Las tasas oficiales de solicitud de marca son de 1.000 BOB por una clase y 1.000 BOB por cada clase adicional. La tasa de registro es de 500 BOB y la tasa de publicación es de 255 BOB. Todas las tasas deben abonarse en el momento de la solicitud, incluidas las tasas de registro y publicación. Si no se concede la marca, la Oficina de Propiedad Intelectual NO reembolsa la tasa de registro.
Modelo de poder notarial en bolivia 2021
Las nuevas solicitudes suelen tramitarse en un plazo de 12 a 18 meses sin problemas. El plazo de oposición es corto en Argentina, de sólo 30 días. Lo mismo ocurre con el plazo para presentar una respuesta a una acción oficial, que también es de sólo 30 días. Existen prórrogas previa solicitud (10 días para la primera prórroga y una última prórroga de cinco días).
Bolivia es miembro del Pacto Andino junto con los demás miembros de la Comunidad Andina, a saber, Colombia, Ecuador y Perú. Según el Pacto Andino, los titulares de marcas de la Comunidad Andina disponen de derechos recíprocos específicos. Por ejemplo, es posible oponerse a una solicitud de marca boliviana sobre la base de un registro anterior que posea el oponente en cualquier otra jurisdicción de la Comunidad Andina, siempre y cuando también se presente una solicitud para proteger la marca en Bolivia al momento de presentar la oposición.
En 2022, se actualizó la ley chilena de marcas de PI para eliminar el requisito de "representación gráfica" de la definición de marca y permitir el registro de marcas no tradicionales, como las marcas olfativas, las marcas tridimensionales y las marcas de posición, entre otras.